La noción de discrecionalidad administrativa como pluralidad de soluciones justas debe revisarse. Si la administración se halla, por mandato constitucional, al servicio de los intereses generales, la opción por una y otra solución de las previstas en la norma nunca podrá ser indiferente al derecho. Existe así un deber jurídico de buena administración. Si estamos ante un mandato jurídico, los Tribunales podrán fiscalizar su cumplimiento, con los límites determinados por las legítimas pretensiones de las partes y por las propias carencias del razonamiento jurídico. Por tanto, será el juez, el último de los operadores jurídicos, quien deberá establecer esos límites. Pero siempre de acuerdo con estos criterios, sin recurrir a otros factores que carecen de apoyo constitucional.

Alonso Mas, María José. (1998). La solución justa en las resoluciones administativas ([No definido] ed.). Tirant lo Blanch.